Human Rights Watch pide a Colombia que respete los derechos de las víctimas a la justicia

por  Miguel Dean/Redacción AC 17 Octubre 2012 Publicado en MUNDO
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Con motivo del comienzo de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) HRW ha querido recordar al gobierno de Colombia que únicamente se podrá conseguir una paz duradera si se garantiza el derecho de las víctimas a la justicia.

 

El conflicto armado interno que existe en Colombia desde hace medio siglo ha tenido consecuencias devastadoras para la población civil. Miles de personas han sido víctimas de de crímenes como asesinatos, secuestros, desapariciones y más de 4 millones de colombianos han sido desplazados.

En julio, Colombia promulgó una enmienda constitucional, el Marco Jurídico para la Paz, con el fin de reglamentar la administración de justicia en el contexto de un acuerdo de paz con las FARC. La ONG pro derechos humanos teme que dicha enmienda abra la puerta a la inmunidad generalizada por los crímenes atroces cometidos tanto por guerrilleros, como por paramilitares y militares, y contravenga  las obligaciones asumidas por Colombia conforme al derecho internacional.

“Hace mucho tiempo que el pueblo colombiano anhela la paz, pero esta no tendrá carácter duradero ni tampoco será justa si el acuerdo al cual lleguen las partes está basado en conceder inmunidad por actos aberrantes”, indicó Jan Egeland, Director para Europa de Human Rights Watch.

Poderes especiales

La citada enmienda constitucional autoriza al Congreso a limitar el enjuiciamiento de atrocidades a quienes se consideren como sus “máximos responsables”, y conceder inmunidad legal a todos los demás guerrilleros, paramilitares y militares que a pesar de haber participado en la planificación, ejecución y el encubrimiento de esos mismos delitos no se consideran los “máximos responsables”. También habilita al Congreso a eximir de la investigación penal casos de crímenes de guerra —cuando no hayan sido perpetrados en forma sistemática— y graves violaciones de derechos humanos que no formen parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.

Con estos poderes excepcionales, el Congreso podría suspender penas de prisión en forma total o aplicar sanciones no judiciales a todos los guerrilleros, paramilitares y militares que hayan sido condenados en relación con atrocidades, incluidos aquellos que se consideran “máximos responsables” de los más graves delitos cometidos en Colombia.  

“Es aceptable que Colombia ofrezca reducir las penas a miembros de grupos armados irregulares para persuadirlos de que entreguen las armas”, manifestó Vivanco. “No obstante, un acuerdo de paz no debe servir de pretexto para permitir la impunidad absoluta para todas las partes, incluidas las fuerzas militares. Proponer que los máximos responsables de los más graves delitos cometidos en Colombia se eximan de la prisión podría dar lugar a una investigación de la Corte Penal Internacional”.

Actualmente la Corte Penal Internacional supervisa el proceso de negociación y podría iniciar una investigación si determina que el gobierno no investigará y juzgará crímenes de guerra o de lesa humanidad.

Esta previsto que los gobiernos de Noruega y Cuba sean los garantes de unas negociaciones que comenzarán en Oslo el 17 de octubre.

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